Videos, testimonios y operativos revelan un sistema penitenciario fuera de control: internos con alcohol y celulares, sobornos a guardianes y una crisis de hacinamiento que el INPEC no logra contener.
Lo que debía ser un centro de reclusión se ha convertido, según denuncias recientes, en un espacio donde la ley parece tener límites difusos. En la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla se destapó un nuevo escándalo que involucra fiestas clandestinas, consumo de drogas, música, licor y libre circulación de internos entre patios, en medio de una estructura penitenciaria desbordada y con un control mínimo por parte del INPEC.
Videos filtrados en redes sociales mostraron a varios reclusos celebrando con neveras llenas de bebidas alcohólicas, equipos de sonido y celulares, mientras custodiados y directivos parecían ausentes. Los registros, correspondientes a fechas recientes como Amor y Amistad, habrían sido grabados dentro del pabellón B de la cárcel El Bosque, uno de los puntos más críticos del sistema penitenciario del Atlántico.
Presos consultados describen un sistema de corrupción interna que permite la entrada de objetos prohibidos y la organización de fiestas a cambio de sobornos. “Aquí todo se puede si uno paga. Hay guardias que cobran por dejar pasar licor, teléfonos o permitir moverse entre patios”, reveló uno de los internos.
Los montos por “favores” varían según el tipo de permiso: el traslado entre pabellones puede costar entre 300.000 y 500.000 pesos, mientras que la entrada de licor o celulares requiere pagos más altos y complicidad de custodios. Algunos de los participantes pertenecerían a bandas criminales como Los Costeños, que mantienen presencia dentro del penal.
Además de las fiestas, los internos denuncian que la falta de vigilancia efectiva permite que unos pocos impongan su autoridad en los patios. “El control lo tienen los mismos presos, no el INPEC”, afirmó otro testimonio.
Tras la difusión de los videos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó la realización de un operativo especial dentro del penal. Se decomisaron una nevera, dos celulares sin número de serie, 14 cargadores, 7 armas blancas artesanales y varios objetos no autorizados.
El INPEC informó que abrió una investigación disciplinaria interna para determinar la responsabilidad de los funcionarios en turno y de los internos que aparecen en las imágenes. Las medidas iniciales incluyen el traslado de algunos presos y la suspensión preventiva de custodios presuntamente implicados.
Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Organismos de control y voces ciudadanas consideran que las medidas son “tardías y superficiales”, y que el problema no se resuelve con operativos aislados sino con una reforma estructural.
El caso de El Bosque es apenas la punta del iceberg. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han advertido en reiteradas ocasiones que las cárceles y estaciones de policía del Atlántico están colapsadas, con sobreocupaciones que superan el 300 %.
Durante una mesa técnica realizada en julio, la Procuraduría instó al Estado a implementar medidas urgentes frente al hacinamiento, la falta de alimentación adecuada y la precariedad sanitaria. La Defensoría, por su parte, advirtió sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos por el deterioro de las condiciones carcelarias.
A esto se suma un nuevo golpe institucional: la reciente captura de un funcionario del INPEC por presuntos nexos con bandas criminales dedicadas al hurto de celulares dentro de los penales, lo que refuerza las sospechas de que la corrupción facilita el tráfico interno de objetos prohibidos.
Los hechos en Barranquilla exponen un sistema penitenciario fracturado, donde el hacinamiento, la falta de personal y la corrupción se combinan en un cóctel peligroso. Expertos en seguridad penitenciaria advierten que, mientras el INPEC no logre retomar el control real de los establecimientos, las cárceles seguirán siendo espacios dominados por economías ilegales y grupos internos de poder.
Las autoridades nacionales aseguran que se reforzará la vigilancia y se implementarán medidas disciplinarias ejemplares. Sin embargo, para los reclusos y la opinión pública, la desconfianza ya está instalada: los “bacanales” de El Bosque se han convertido en símbolo del colapso carcelario que el país arrastra desde hace años.
