Investigan sobresueldos que exigirían funcionarios del Inpec para recibir detenidos

Investigan sobresueldos que exigirían funcionarios del Inpec para recibir detenidos

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La Fiscalía denunció que estaría influyendo en hacinamientos de las URI de seis ciudades del país incluyendo Barranquilla.

La Fiscalía General inició una investigación por la exigencia de sobresueldos que estarían realizando funcionarios del Inpec en varias ciudades del país, a cambio de acceder al traslado de los detenidos que se encuentran hacinados en las URI de la Fiscalía y estaciones de la Policía, a sus respectivas cárceles.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que estos graves hechos fueron advertidos en las ciudades de Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los representantes del Inpec se estarían negando a prestar el servicio.

“El hacinamiento carcelario es de tal gravedad que, además de obligar a la suspensión de operativos de seguridad ciudadana en Medellín, ha dado lugar a situaciones similares en otras ciudades”, dijo el fiscal Martínez.

El Fiscal sostuvo que un ejemplo de esto se da en la ciudad de Medellín, donde la sala de paso tiene cupo para 30 personas y hoy alberga 94. También sostuvo que durante el fin de semana, el Inpec les suministró la alimentación y se han presentado varios intoxicados.

Otros de los hechos que generaron preocupación se registraron en Santa Marta, donde se preveían cerca de 80 capturas en un operativo contra la violencia sexual y fue necesario suspenderlo al llegar a 33 detenidos, por la inexistencia de cupos suficientes para detener a los presuntos delincuentes.

En Cauca, la Fiscalía reportó que  hay 36 personas privadas de la libertad en las URI, cuando el cupo es apenas para 15. Además, en todo el departamento hay 108 privados de la libertad en estaciones de Policía.

El fiscal Martínez también alertó que en Buenaventura, sólo existe una cárcel distrital y debido a la falta de cupos, 193 personas fueron ubicadas en una bodega, sin las condiciones mínimas de salubridad porque los funcionarios del Inpec no quieren recibirlas, lo que  ha obligado a la Policía a crear turnos de 20 agentes para ejercer vigilancia.

“Llama la atención que en un municipio del Atlántico, en el que la Administración Municipal habría cedido a las exigencias económicas de funcionarios del Inpec, el traslado de los reclusos a establecimientos penitenciarios fluye normalmente”, enfatizó el fiscal.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía investigará la veracidad de estos casos y determinará si, eventualmente, podrían estar presentándose delitos como extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros delitos.

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