Caso El Vesubio: con mentiras condenan a dos inocentes corte suprema de...

Caso El Vesubio: con mentiras condenan a dos inocentes corte suprema de justicia corregirá sentencia

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 “Un pueblo sin justicia se convierte en un infernal holocausto….” Jaime Mejía Ossman.

En dos escritos que fueron publicados en varios medios de comunicación, entre ellos “NOTICOSTA” Y “RUEDA LA PRENSA” uno en julio  21 de 2.014,  titulado “CUANDO LA JUSTICIA ES INJUSTA” y el otro tres años después “CONDENADO DOS INOCENTES UN JUICIO POLÍTICO” , afirmaba que el juicio que se le siguió a el Cura Bernardo Hoyos Montoya y al economista Guillermo Honeisbergh por el llamado caso “El Vesubio” fue un juicio político, por ello quienes debían impartir justicia en primera instancia el juez sexto penal del circuito su misión era condenarlos a como diera lugar. El objetivo era sacar de la arena política a cualquier costo al padre Bernardo Hoyos y a Guillermo Honeisbergh. No importaba si eran inocentes o no. Tampoco importaba si ese lote que compraron de 551 hectáreas, era un buen negocio para la ciudad dado que lo compró a $10 millones hectárea, es decir un valor total de $5.510 millones. Se les olvido a quienes los juzgaron que los avalúos realizados por dos expertos, entre ellos Luís Fernando Acosta Ossío lo tasaron en $70 millones la hectárea. Hoy ese lote vale mal vendido medio billón de pesos ($500.000 millones).

Trasmitimos en directo  el juicio  en compañía del periodista Lao Herrera, por Radio Tropical 1040 am, en su dial, lo que nos permitió confirmar ante la valiosa defensa que hiciera Guillermo Honesibergh y su abogado que el juicio tenía como fin condenarlos a toda costa. Esa era la orden impartida por los jefes de quienes administran justicia en el Departamento del  Atlántico.

Los acusaron de dos delitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Fueron condenados finalmente por el juez sexto Penal a pagar una pena de cuatro (4) años, por el delito de Contrato sin requisitos legales y exonerados del delito de peculado. El juez decidió exonerar de toda culpa a la persona que se había encargado de conseguir el lote, negociar con los propietarios y contratar el avalúo del mismo. Esa persona fue “Carmen Escrig Saieh

En vista de la injusticia del fallo, donde se cometieron todo tipo de atropellos, se escondieron pruebas, acomodaron testigos, desconocieron avalúos y con la seguridad de que eran inocentes de los cargos que les implicaban decidieron ir a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Barranquilla, cuyo reparto le correspondió al Magistrado Colmenares quién hizo sala con el magistrado Ojitos.

El Tribunal revisa el caso, y decide anular la decisión del juez sexto. Como consecuencia de esa decisión condena al padre y a Guillermo a diez (10) años de prisión y al pago de una multa superior a los $1.122, millones e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años. Igualmente condena a Carmen Escrig , quien fungía como asesora del alcalde  y a  Carlos Camacho Castro como jefe de presupuesto del Distrito de Barranquilla , a pagar una pena de  4 años, por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y al pago de una multa. Pero lo irónico del fallo es que exoneran del delito de peculado por enriquecimiento a terceros al tercero, es decir al propietario del lote la familia Cure Vilaro. Pregunto a los Magistrados ¿Cómo puede darse el peculado a tercero, sino hay tercero culpable?

Por último, los indiciados deciden ir a Casación ante la Corte Suprema de Justicia, y le corresponde el caso al Magistrado  Gustavo Malo Fernández, si el mismo que está implicado en el cartel de la Toga, decidiendo el 9 de julio de 2.014, inadmitir las demandas presentadas por los procesados y como cosa rara para no decir otra cosa admite la demanda de Carmen Escrig Saieh exonerándola de todo cargo. ¿Cuáles fueron los argumentos del magistrado Malo para no admitir la demanda de los otros procesados? ¿Cómo fue posible admitir la de Carmen Escrig y exonerarla de toda culpa y negársela a los otros para que sigan condenados? ¿Que hubo de por medio en esta sentencia del magistrado  Malo, lo mismo por lo que hoy se le acusa?

Si ustedes se leen los documentos que he escrito sobre este tema, podrán entender con mayor claridad que todo fue una patraña montada para sacar del rin a dos contendores que en la política estaban señalados para jugar un rol importante  no solo en  Barranquilla, sino en el  Departamento del Atlántico y resto del país.

Al  padre Bernardo Hoyos en primera instancia la Procuraduría lo destituyo del cargo de alcalde  y lo inhabilito para participar en política por cinco (5) años, en sentencia del 24 de octubre de 2.001. En febrero 22 de 2.002, la Procuraduría confirma la sentencia de segunda instancia. ¿Porque lo  destituyeron? Basados en una publicación del periódico El Heraldo  de noviembre de 1.999, donde publicaron de una posible intervención en política y el acto público que celebró en abril del 2.000,en el “Centro Comunitario Don Bosco” con la presencia del Ministro del Interior de esa fecha “Néstor Humberto Martínez” quién estuvo acompañado de su hija para impulsar el Referéndum que había propuesto el presidente Andrés Pastrana. Por ese acto se le acuso de intervención en política y se le sancionó. No valieron los argumentos presentados por la defensa, ni el hecho de no sancionar al Ministro Martínez, ni tampoco una tutela que se impetró para que consideraran dicha sanción. A pesar de la sanción impuesta la comunidad inscribió y lanzó al padre Bernardo al Senado en los comicios del año 2.002, obteniendo una curul con una votación significativa y al posesionarse como senador, el Procurador Edgardo Maya Villazón le impuso una nueva sanción y lo inhabilito por doce(12) años, sanción que el padre cumplió. Lo más injusto que se ha podido cometer en el país. Hemos visto  a alcaldes, vicepresidentes, gobernadores, Cancilleres intervenir descaradamente en política y nunca les ha pasado nada.  Pero como eso no les bastaba, porque al cumplirse la sanción el padre podría volver a la arena política decidieron utilizar a la justicia penal para condenarlo injustamente y ahí sí, inhabilitarlo de por vida.

 

ACCIÓN DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA

Como la vida da muchas vueltas, hoy se han encontrado nuevas evidencias sobre el caso “El Vesubio” entre ellas varias pruebas que no fueron tenidas en cuenta por los jueces en primera y segunda instancia, que ameritan una revisión del proceso y por supuesto de la condena que les impusieron. Las nuevas pruebas son:

  1. Las audiencias en el juzgado sexto fueron orales, grabándose todo, en unas cintas magnetofónicas y sin embargo estos no fueron incorporados al expediente, lo que significa que en segunda instancia fallaron sin contar con todos los elementos materiales probatorios del juicio. Un hecho que no tuvieron en cuenta fue el dictamen pericial del CTI, del día 22 de junio de 2.011, descartando el sobreprecio en la compra del lote.
  2. La preclusión de la investigación a los peritos acreditados y autorizados para realizar avalúos, Luís Fernando Acosta Osío y Rafael Tovar Vanegas, quienes fueron los que hicieron los avalúos previos para la suscripción de la promesa de compra venta, el día 20 de agosto de 1.998.
  3. La ampliación dela indagatoria al jefe de presupuesto de la alcaldía Carlos Camacho Castro, el 21 de septiembre de 2.017. Ese día, Carlos Camacho demostró que si existió un certificado de disponibilidad presupuestal ”CDP” del 31 de julio de 1.998, expedido y suscrito por él, mediante solicitud el alcalde de fecha julio 28 de 1.998, antes de que se firmara la promesa de compra venta el 20 de agosto de 1.998.
  4. La Absolución decretada a favor de Juana Cure Vilaro y el fallo del juzgado Sexto Administrativo en Descongestión en Barranquilla, donde se declaró que no hay detrimento patrimonial por la compra del lote.
  5. La Sociedad Agropecuaria Cure Vilaro renunció a las arras y acepto una “novación” en el contrato al solicitar que su acreencia fuera incluida en la Ley 550 de 1.999. Lo que dejaba el lote en propiedad del Distrito de Barranquilla

De acuerdo a los nuevos hechos presentados, podemos concluir que de haberlos conocidos antes por los juzgadores, la conclusión hubiera sido declaratoria de inocencia de los procesados. Tenía que ser esa la sentencia inocentes, porque se demostró en el juicio que si existía el CDP, que fue emitido antes de la firma de la compra venta del lote, que existió un avalúo del lote antes de la firma de la compra venta y que todos los trámites se hicieron de acuerdo a la ley de contratación vigente.

Lo anterior quiere significar que no hubo firma de contrato sin el lleno de los requisitos legales, ni tampoco hubo peculado por apropiación a terceros, ni hubo sobreprecio en la compra del lote, sino todo lo contrario la compra del lote que es de propiedad del Distrito al ser incorporado en la Ley 550/99, previa aceptación de los vendedores hoy tiene un precio cercano a los $500.000 millones de pesos, constituyéndose en el mejor negocio que ha hecho el Distrito en su historia.

Era que en ese lote, el padre Bernardo Hoyos Montoya iba a construir para los pobres de la ciudad 35.000 viviendas, en un lapso de 10 años, a partir del año 1.999,en mejores condiciones a las que hoy se llaman viviendas de interés social. Viviendas que contaban con el aval de Findeter que tenía destinado un préstamo de $100.000 millones (de 1.998) al Distrito para esas viviendas. Este proyecto llamado “CIUDAD DON BOSCO” era real, y contaba con una aprobación de Findeter, en comunicación que le hicieran llegar al alcalde con fecha de 13 de septiembre de 1.999, en la cual le dicen que tiene aprobado parta la primera etapa del proyecto $9.981 millones, y para la segunda etapa $98.877 millones

Para la clase dirigente de la ciudad y la clase política no podían permitir que semejante obra se hiciera porque eso les cerraría el camino en sus ambiciones políticas y convertiría al padre Bernardo Hoyos en el gran elector no solo de Barranquilla, sino del Atlántico y todo el país. Por ello, había que cortarle las alas a como diera lugar , lo que hicieron al inhabilitarlo injustamente  la Procuraduría primero y después condenarlo el Juzgado Sexto y el Tribunal Superior de Barranquilla. Por último trataron de asesinarlo con un cilindro bomba en el Centro Comunitario Don Bosco, por parte de sus enemigos que lo acusaron ante los paramilitares de  guerrillero.

No contentos con lo anterior, han influido en el juicio del Banco de la República, donde se han cometido todo tipo de atropellos violando la ley, con el solo fin de condenarlos para no dejarlos participar en política.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos, lo siguiente: ¿Por qué la justicia en el Atlántico no falla en derecho?

 

¿QUE HA PASADO CON ESE LOTE 21 AÑOS DESPÚÉS?

Esa es la pregunta del millón, que debe esclarecerse por parte de la administración distrital, los señores concejales, la Contraloría Distrital y la Personería Distrital. Incluso la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría deberían intervenir en este asunto, ya que participaron en el juicio. No podemos olvidarnos que sobre este caso el debate se inició en el Concejo, cuyas declaraciones fueron tomadas por la Fiscalía quién al supuestamente investigar hizo acusaciones formales que después pasaron a los jueces.

Sabemos que los dueños renunciaron a las arras, cobraron el anticipo y el lote entro a hacer parte de los activos del Distrito al incluirlos en la Ley 550/99, en la administración del médico Humberto Caiffa.

 ¿Qué paso después? ¿Porque ese lote hoy no aparece como activo del Distrito? ¿Porque no se pagó el valor del lote, si aparece en la Ley 550/99?

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