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Jueces que dejaron libre a Guido Nule y otros condenados por carrusel de contratos en Bogotá serán interrogados: Vicefiscal

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Los operadores judiciales que concedieron beneficios de libertad a los condenados Guido Nule Marino, Emilio Tapia Aldana y Mauricio Galafore Amín, serán escuchados en interrogatorio para saber las razones legales que tuvieron para tomar tal decisión, informó la vicefiscal general María Paulina Riveros.

Aseguró la funcionaria del ente acusador que no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización del que trata el artículo 64 del Código Penal. Por esta razón la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto escuchar en interrogatorio a quienes procedieron a otorgarle beneficios a los condenados mencionados”, señaló.

María Paulina Riveros sostuvo que los tres, fueron responsables “de afectar las finanzas públicas de Bogotá dentro del caso conocido como el Carrusel de Contratos, cuya defraudacion superó los 500 mil millones de pesos”.

Guido Alberto Nule Marino

Era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule. En su contra existen dos sentencias condenatorias; una a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación.

La segunda a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Emilio José Tapia Aldana

Era el intermediario de recibir y entregar las coimas al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván. Tapia tiene en su contra tres condenas. La primera a 42 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir; la segunda, a 8 años y 2 meses de prisión por cohecho propio como interviniente e interés indebido en la celebración de contratos; y la tercera, a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente tiene 4 investigaciones en curso.

Mauricio Antonio Galofre Amín

Era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Tiene dos condenas en su contra. La primera a 11 años y 9 meses por el delito de peculado por apropiación; la segunda, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

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