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Gustavo Petro le pide a la Corte Suprema que lo investigue por recibir fajos de dinero

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En medio de una multitud que lo esperaba a las afueras de la Corte Suprema de Justicia y acompañado por su ex candidata vicepresidencial Ángela Robledo, el senador Gustavo Petro radicó una acción ante la corporación solicitando que sea investigado por recibir una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

La visita al alto tribunal no duró más de 10 minutos. Sin embargo, a su salida aseguró, que está a disposición de la Corte y solicitó que se investigue “todo por lo que se me acusa”.

“Lo que Gustavo está haciendo es asumiendo su responsabilidad en cuanto al video”, dijo por su parte la ex candidata vicepresidencial Ángela María Robledo.

En la mañana de este miércoles, se conoció que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina, tiene en su despacho la denuncia que pesa en contra del senador, y si bien, la corporación no ha abierto una indagación formal en su contra, el togado adelantará estudios sobre la compulsa de copias hecha por la Fiscalía General en días pasados, para determinar el paso a seguir.

El ente acusador, en días pasados, le pidió al alto tribunal investigar a Petro Urrego, luego de que en medio de un debate político al que asistió el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, hizo público el video en el que se observa a Juan Carlos Montes entregando 20 millones de pesos al hoy senador.

Este lunes, Petro, en un video publicado en su cuenta de Facebook pidió disculpas. “Tengo que pedirles perdón a mis electores, por haberme puesto a recibir dinero en efectivo. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y no lo fui”.

Horas más tarde el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a un magistrado para que analice los hechos relacionados con el video que se conoció

En ese momento, el presidente del CNE, Heriberto Sanabria, explicó que con la designación de un magistrado se evaluará si existe una “posible violación al régimen o los límites que contempla la ley colombiana en materia de financiación política, la procedencia de los recursos y la obligación que tienen los partidos y los candidatos de reportar a la autoridad electoral todo lo pertinente a la financiación de las campañas”.

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