La intervencion de la Super en Electricaribe negocio para los españoles

La intervencion de la Super en Electricaribe negocio para los españoles

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La Superservicios decidió el 14 de noviembre de 2.016,  intervenir a Electricaribe, nombrando como gerente interventor al señor Javier Lastra, persona que había sido  liquidador de Telecom, empresa donde todavía hay problemas por resolver. Como si todo fuera poca cosa, Lastra había sido destituido por la Procuraduría como concejal de Bogotá.

Acertadamente, para referirse a este desaguisado, la  casa periodística La Libertad  títuló un editorial así: “El ratón cuidando el queso”.

En marzo  14 del 2.017, la Superservicios  emitió otra Resolución  en la que dice que la intervención que se hace es con fines liquidatarios.

¿Por qué afirmamos que la actuación del Superintendente José Miguel Mendoza, lo que buscaba era favorecer a los españoles?

Son varios los hechos que nos permiten hacer tal aseveración.

El primero. El nombramiento  del presidente del Intergremial como presidente de Electricaribe intervenida, es una decisión difícil de entender tratándose de una empresa que tiene un agente interventor con fines de liquidación. Eso revela que todas las decisiones eran acordadas entre las partes  y el Comité Intergremial del Atlántico.

El segundo. El Superintendente José Miguel Mendoza tenía  conocimiento de la situación financiera, administrativa y  técnica de Electricaribe ya que recibía  mensualmente los informes sobre la operación de la empresa.

El tercero. Los estados financieros de la empresa venían reflejando  pérdidas económicas significativas que podrían llevar a la disolución de Electricaribe por violar lo establecido en el artículo 357 del CC y, el 63.3 de la Ley 142/94.

El cuarto. Las pérdidas acumuladas a diciembre 31 de 2.016, ascendieron a $474.548 millones, o sea el 23.7% del capital social y el 34.3% del patrimonio de los accionistas.

El quinto. La pérdida neta del año 2.016, fue de $192.845 millones, cifra que entregaron los españoles a la nueva administración.

El sexto.  Haber nombrado a una persona sin conocimiento y experiencia en el sector de distribución y comercialización de energía eléctrica, trajo como consecuencia un mal manejo financiero, administrativo y técnico de la empresa cuyos resultados se reflejan en el informe financiero del año 2.017. Las pérdidas financieras se incrementaron en un 269%, en el primer año de intervención, al pasar  de $192.845 millones a $519.354 millones. El nivel de recaudo bajo a niveles del 86%, llegando su cartera a $727.157 millones. Las pérdidas de energía subieron a un 24%. El capital de trabajo negativo en $1.4 billones. El endeudamiento a un 161%. Un déficit de caja de $65.300 millones. Un incremento en la interrupción del servicio. Bajo nivel de inversión. Finalmente las  pérdidas acumuladas  a 31 de diciembre de 2.017, son de $ 933.901 millones, o sea un 44.6% del capital social y un 90% del patrimonio de los accionistas.

En séptimo lugar, las pérdidas estimadas para el año 2.018, son similares o superiores a la del año anterior, es decir terminaran el año con unas pérdidas del orden de los $520.000 millones, lo que significa que las pérdidas acumuladas serán de $1.45 billones, cifra superior al capital pagado y al patrimonio de los accionistas.

Los resultados obtenidos por la Superintendencia demuestran claramente que ellos no están en capacidad de asumir esa responsabilidad y sacar a la empresa adelante. Han hecho todo lo contrario, la deterioraron más. Igual lo hicieron cuando intervinieron a las Electrificadoras en los años 90. Antes de su privatización, las saquearon.

Los españoles sabían con claridad que la empresa iba directo a la quiebra, en cuestión de uno o dos años.

Por ello buscaron el mecanismo para que los intervinieran alegando mala prestación del servicio y con la amenaza de no prestarlo al no contar con el suministro de energía y potencia por parte de los generadores.

A ellos no les quedaba otro camino que entregarle la empresa al Gobierno Colombiano sin costo alguno para que continuará prestando el servicio y realizará las inversiones que se necesitan para remodelar redes y subestaciones e invertir en equipos de mantenimiento y de detección de fraudes de energía.

Con su decisión el señor José Miguel Mendoza, favoreció a los españoles abriéndoles las puertas para que impetraran una demanda por US$1.600 millones. Mendoza debió esperar que se fueran a la quiebra e imponerles las multas que debería haberles impuesto por la mala prestación del servicio. De haberlo hecho de esa manera hubiera acelerado la salida de Colombia de Unión Fenosa.

Hoy alegan que los expropiaron y le reclaman al gobierno colombiano una indemnización porque se violó el Acuerdo pactado de Seguridad Inversionista entre ambos gobiernos. A eso vino el actual mandatario Español Pedro Sánchez en visita de Estado a Colombia.

Basados en estos hechos, se hace necesario que los organismos de control actúen de manera diligente en Electricaribe, revisando la información financiera de los últimos 10 años, mediante una auditoría forense. Deben prestar especial atención a los dos años de intervención por parte de la Superservicios. Se debe investigar la conducta de José Miguel Mendoza y los demás funcionarios que participaron en la decisión de intervenir a Electricaribe cuando toda la información disponible indicaba que esa empresa iba directo a la quiebra.

Estamos hablando de una demanda por US$1.600 millones, que están en un Tribunal internacional de Arbitramento donde a nuestros abogados nunca les ha ido bien. Es muy probable que perdamos esa demanda lo que significará  un detrimento patrimonial para el país, imputable a la decisión del señor José Miguel Mendoza  y al personal de la Superservicios, que con su mala administración le dan la razón a los españoles para reafirmarse en su demanda y en sus alegatos.

No nos olvidemos que el señor José Miguel Mendoza, hoy es socio del Bufete del Fiscal Néstor Humberto Martínez, justamente para llevar los negocios de la Super inetendencia de Sociedades ya que fue también funcionario de esa entidad. La misma a la que el Fiscal, disfrazado de ciudadano, le solicitó información sobre el grupo Aval mediante un derecho de petición.

Por último no podemos entender que con resultados tan malos, la Superintendente haya felicitado al señor Lastra y su equipo de trabajo por su labor, y haya nombrado a la jefe del señor Lastra como la nueva liquidadora, a sabiendas que tampoco tiene experiencia en el manejo de este tipo de empresas.

La única alternativa viable, es que el gobierno asuma el manejo directo de la empresa integrándola verticalmente con Gecelca, Urra y Traselca.

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